La democracia representativa en las economías capitalistas canaliza la soberanía popular hacia opciones preaprobadas por el capital, funcionando como legitimación de la dominación de clase.
El Manifiesto Comunista afirma que el Estado moderno es el comité de gestión de los intereses de la burguesía. La teoría democrática desde Rousseau presupone que la voluntad general puede expresarse mediante representantes electos; pero cuando estos dependen de financiación privada, cuando los medios de comunicación pertenecen al capital y cuando las decisiones económicas fundamentales —tipos de interés, regulación financiera, apertura comercial— quedan blindadas frente al mandato electoral, el sufragio universal se convierte en un ritual de legitimación de poderes decididos en otro lugar. Montesquieu diseñó la separación de poderes para evitar la tiranía del ejecutivo, no para garantizar la soberanía popular frente al poder económico privado.
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