En 2023, la ratio de trabajadores activos por jubilado en España es de 2,3. Las proyecciones del INE para 2050 situan esa ratio en 1,7, con 15 millones de jubilados frente a los 10 actuales. El sistema de reparto actual, donde los trabajadores de hoy financian las pensiones de los jubilados de hoy, se diseñó con una pirámide demográfica que ya no existe.
Los millennials llevan cotizando entre 5 y 20 años a un sistema cuyos parámetros de sostenibilidad dependen de supuestos demográficos que se han incumplido. Las reformas aprobadas hasta 2024 han ampliado el periodo de calculo de la pensión y vinculado algunas actualizaciones a la esperanza de vida, pero no han cambiado la arquitectura de fondo.
El sistema de pensiones español tiene un déficit estructural que se cubre parcialmente con transferencias del Presupuesto General del Estado. En 2023, esa transferencia superó los 22.000 millones de euros. No es una excepcionalidad coyuntural: es una tendencia que se consolida.
Hay dos posiciones opuestas sobre qué hacer. La primera defiende reformar el sistema de reparto: mas cotizantes, mas años cotizados, pensiones ligadas a la esperanza de vida. La segunda plantea introducir un pilar de capitalización individual, donde cada trabajador acumula su propio ahorro en lugar de depender de que las generaciones siguientes paguen su pensión.
La tensión política es que cualquier reforma que mejore la sostenibilidad del sistema a largo plazo implica costes concretos hoy: menos pensión, mas cotización, o mas años trabajando. Ninguna de esas opciones es popular.
La propuesta de suena razonable en abstracto, pero en la práctica produce un resultado que sus defensores raramente nombran: durante la transición, una generación tiene que pagar dos veces.
Si los millennials empiezan a cotizar a cuentas individuales, alguien tiene que seguir pagando las pensiones de los jubilados actuales. Ese "alguien" son los mismos millennials, que ahorran para sí mismos y simultáneamente financian a sus padres. La transición tiene un coste brutal que nadie ha calculado abiertamente.
El reparto no es un error de diseño: es una decision sobre solidaridad intergeneracional. Que tenga problemas de financiación es real, pero se pueden resolver dentro del sistema reformando parámetros: cotizaciones, edad, periodos de calculo. Sin necesidad de demoler la arquitectura y pagar el coste de la transición.
no es un dato neutro: es la descripción de un sistema que ya no se autofinancia.
El sistema de reparto tenia sentido cuando había cuatro o cinco trabajadores por jubilado. Con dos y bajando, la matemática no funciona sin subsidio presupuestario permanente y creciente. Ese subsidio compite con sanidad, educación e inversión en infraestructuras. Cada euro que va a cubrir el déficit de pensiones es un euro que no va a ninguna de esas otras cosas.
La capitalización individual no es la panacea: depende de los mercados financieros, tiene costes de gestión y no resuelve la situación de quienes ya están cerca de la jubilación. Pero ignorarla como opción por razones ideológicas mientras el déficit crece no es responsabilidad intergeneracional: es aplazar el problema hasta que sea irresoluble.
El dato de con 15 millones de jubilados en 2050 es la proyección central del INE, pero las proyecciones demográficas tienen un margen de error significativo a treinta años vista.
Los factores que pueden cambiar la ecuación: inmigración sostenida (que el INE incorpora pero con incertidumbre alta), aumento de la tasa de empleo femenino (que en España sigue por debajo de la media europea), aumento de productividad (que reduce la necesidad de cotizantes adicionales si los salarios crecen).
Ninguno de esos factores cancela el problema. Pero sí implica que diseñar reformas drásticas ahora basadas en proyecciones a 2050 asume una certidumbre que no existe. La política prudente es reformar parámetros de forma gradual y con clausulas de revisión, en lugar de hacer apuestas estructurales irreversibles sobre escenarios que pueden no materializarse.